Desde la firma del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma en nuestro país para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 muchas han sido las decisiones difíciles que los gobiernos han debido tomar. Desde la sociedad civil somos conscientes de ello, pues el contexto a todas luces incierto nos indica que debemos continuar respetando las normas sanitarias para que entre todos y todas podamos salir adelante, qué duda cabe.
Esa conciencia de la sociedad civil se mide también en sus esfuerzos, pues prácticamente de la noche a la mañana hemos tenido que adaptarnos a una nueva realidad donde la distancia social y el conjunto de medidas de prevención posibiliten la disminución de los contagios de este virus que nos mantiene en vilo. Esfuerzos que están llevando a cabo en muchas ocasiones familias trabajadoras que han visto disminuidos sus ingresos por el bien común. Por eso, y ante todo, vaya desde aquí nuestro reconocimiento para ellas, como también debemos reconocer el incalculable trabajo de los y las profesionales de la sanidad pública, pues se están dejando la piel a diario. Nos consta por nuestra posición en la mediación sociosanitaria a través del trabajo coordinado con ellos y ellas.
Sin embargo, nos topamos con un conjunto de medidas que a todas luces son discriminatorias, e inclusive parecerían carecer de lógica. Hablamos, por ejemplo, a las referidas a la venta ambulante, que de nuevo se queda atrás. En el BOJA de 14 de octubre del presente año, sin ir más lejos, donde aparecen recogidas las nuevas restricciones para evitar la propagación del virus SARS-CoV2 apostando para el comercio en general por una reducción de su aforo al 50 por ciento y con horario de cierre previsto para las 22.00 horas. Por el contrario, los mercadillos ambulantes permanecerán suspendidos sine die. Las noticias más allá del territorio andaluz se gestionan de forma parecida en relación a la suspensión de mercadillos ambulantes en otros territorios de Comunidades Autónomas, siendo ellas quienes gestionan el sistema sanitario actualmente.
Tras los meses del confinamiento la reanudación de la venta ambulante en toda España se dilató en algunos casos con hasta un mes de diferencia con respecto al resto del comercio. Reabrieron centros comerciales y grandes superficies mientras que los mercadillos lo hicieron de manera escalonada y con disminución de sus puestos. Y lo que es peor, sin ningún plan de ayudas para la reactivación de uno de los oficios más antiguos y a la vez con peor imagen social de nuestro país, cuestión que se evidencia en el estudio que desde FAKALI realizamos en 2019. Es por ello por lo que desde nuestra Federación llevamos años trabajando para promover su revitalización, porque es el pan de miles de familias, muchas de ellas gitanas. Pero con el empecinamiento y la dilatación de estas medidas es imposible, pues las abocan a la ruina total sin prever una serie de mejoras que continúan en punto muerto en el mejor de los casos.
Carece por tanto de toda lógica que a miles de familias se les impida ejercer su profesión, mientras que a las grandes superficies se les continúe habilitando medidas restrictivas mucho más laxas en comparación. Por ello nos asalta la duda. ¿Por qué estas medidas discriminatorias con la venta ambulante? La misma la hemos lanzado en todos y cada uno de los encuentros que hemos mantenido con las administraciones públicas, como fue el caso de la reunión con la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía durante el cierre de los mercados llevados a cabo en el confinamiento del mes de marzo. Aluden al movimiento como uno de los problemas reales, sin embargo, éstos no están prohibidos, ni suspendidos. De otra forma el transporte de mercancías, por poner un ejemplo, no podría llevarse a cabo.
Lanzamos en conjunto con diferentes plataformas de vendedores ambulantes un paquete de medidas para la recuperación de este tipo de comercio, cuya economía ya era de subsistencia y esperamos, por el bien de estas familias, que sean tenidas en cuenta, pues el número de personas gitanas y no gitanas que tienen en el mercadillo su única fuente de ingresos (constituyen los 41.000 puestos de los 848 mercados de toda Andalucía) y que se encuentran en la actualidad en una situación precaria continúa aumentando de manera exponencial. No podemos permitir que el comercio ambulante cargue con la responsabilidad de ser el último en abrir y el único en cerrar. No podemos dejar que esas medidas produzcan el triste epílogo de este tipo de comercio, que en el resto de Europa es incluso un reclamo turístico generador de riqueza.
La situación de estas familias es ya límite. Por eso recurrimos a la comprensión de las autoridades locales, autonómicas y nacionales. Por favor, actúen en consecuencia. No dejen caer a los mercados ambulantes y mucho menos los discriminen de nuevo. No puede ser siempre la venta ambulante el chivo expiatorio que acarrea todas las restricciones. Es compatible cumplir con todos los requisitos sanitarios y ganarse el pan dignamente, pues la persistencia en este asunto nos aboca a aumentar los índices de pobreza en nuestro país, cuyo rostro en no pocos casos es el de una familia vendedora ambulante que ha visto cómo sus ahorros están invertidos en una mercancía que no ha podido ni tan siquiera ponerse en venta ya que las autoridades lo impiden. Apostemos por tanto por un modelo económico donde la discriminación no golpee siempre a los mismos. Es urgente.
