LIBERTAD PARA DISCRIMINAR, ESTEREOTIPAR Y SEÑALAR

Nuestra Constitución, en su artículo 20, contiene el siguiente tenor literal: “Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. A la libertad de cátedra. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”. Por tanto, queda meridianamente claro que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, cualquier persona tiene derecho de manifestar libremente sus opiniones e ideas, al menos cuando estas no vulneren la honorabilidad de terceras personas, ni prejuzgue o estereotipe.

Concretamente, venimos a hablar de un texto que podríamos decir que raya, o al menos, se acerca veladamente a esas fórmulas múltiples de expresión que tienen las conductas estereotipadas. Y lo que es peor, pone en duda la optimización de los recursos de la Comunidad Valenciana dirigidos a los colectivos vulnerables. Hablamos del artículo “La discriminación positiva”, firmado por la abogada Blanca Blanquer, quien fuera directora general de Urbanismo de la Generalitat.

El artículo, publicado en la sección “Tribuna Abierta” del periódico El Levante-El Mercantil Valenciano, incide durante todo su recorrido en el destino de la inversión a aquellos grupos más vulnerables. Sin embargo, el tono jocoso, velado y visible se muestra desde el principio, en el que señala: “La Generalitat dedicará durante los próximos cuatro años más de 46 millones de euros para servicios de asesoramiento a gitanos, inmigrantes y el colectivo LGTBI. Creo obligado confesar que actúo con ventaja porque ni la etnia, el origen o la opción sexual son factores determinantes de la opinión que me merezcan, individual o colectivamente, ninguno de los señalados y que considero impropio meterlos a todos en el mismo saco”. Haríamos aquí uso de la expresión Excusatio non petita, accusatio manifesta, pero también nos serviría aquello del “Yo no soy racista, pero…”, pues siempre precede a una exposición de corte excluyente y, en muchas ocasiones, también racista.

No nos equivocamos. A medida que leemos la exposición sobre quién sí y quién no debe recibir ayudas, la abogada hace alarde de una visible falta de formación sobre la gitanidad, exponiendo lo siguiente: “Los gitanos son una etnia que se reconoce como ‘pueblo’, administrativamente españoles e ideológicamente apátridas que mantienen y priorizan sus leyes, ritos y costumbres, su himno y su bandera. Todos los gobiernos, en sus distintos ámbitos, han creado instituciones tendentes a su integración o a consolidar sus peculiaridades. Y estas instituciones les asesoran o les remedian los problemas o han de modificarse sin incrementarlas”.

A los hechos nos remitimos, pues deberíamos recordarle a la señora Blanquet la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de abril de 2015, por ejemplo, en la cual se expone (citamos textualmente) el Día Internacional del Pueblo Gitano – antigitanismo en Europa y reconocimiento por la UE del día de conmemoración del genocidio del Pueblo Gitano durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, desde la Comisión y Parlamento Europeo al Gobierno Central de nuestro país, pasando por cada comunidad autónoma e incluyendo aquí a sus ayuntamientos, todos, absolutamente todos, han reconocido al Pueblo Gitano como lo que es, un Pueblo. No nos levantamos un día y nos autonombramos algo que no fuésemos, pues somos conscientes, y tenemos la suficiente historia a nuestras espaldas, como para saber en qué consiste nuestra identidad. Esa identidad no consiste en ser “apátridas”, pues de lo contrario, la marca España, de la que tanto orgullo exportamos al mundo, carecería de toda lógica. Esa identidad, insistimos, no pasa por unas leyes excluyentes y específicas al Pueblo Gitano. Dejen de decirnos qué somos y cómo nos comportamos, y menos aún cuando hablamos del destino de unos fondos, que tanta falta hacen.

Los datos de la realidad gitana, que deberían ser tratados con pavor, como ese 86% de familias gitanas bajo el umbral de la pobreza o aquel de que casi la mitad de los hogares padece situaciones de extrema pobreza, se le olvidan a la abogada, que continúa su relato alrededor de los prejuicios más nocivos sobre la población gitana, las personas migrantes o el colectivo LGTBIQ.

Como suele suceder en estos temas, y máxime cuando no se conoce con exactitud la realidad, se habla de oídas. En el artículo se incide en quién sí y quién no debería ser objeto de políticas de inclusión (que no integración, tal cual afirma la señora Blanquet) y termina rematando la faena con una defensa a las bonanzas de un sistema que ha ido dejando atrás a un buen puñado de miles de personas, dando a entender que esa “discriminación positiva” nos sobra. Y cómo no, para cerrar, nos encontramos con el señalamiento velado hacia quien dirigirá los recursos, marcando la duda. La misma señora Blanquet, quien en sus años como directora general de Urbanismo de la Generalitat se opuso a la petición de la ciudadanía china de Valencia para la instalación de dos arcos en la zona del conocido “Chinatown valenciano”, tal y como sucede en todas las grandes ciudades del mundo, ahora no sólo se opone a la discriminación positiva, sino que lo hace con todos los prejuicios y toda la inquina que ha podido. Incluido aquí todo lo velado y sobreentendido entre líneas, que no es poco.