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El mercadillo no puede ser el único en cerrar y el último en abrir

Desde la firma del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma en nuestro país para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 muchas han sido las decisiones difíciles que los gobiernos han debido tomar. Desde la sociedad civil somos conscientes de ello, pues el contexto a todas luces incierto nos indica que debemos continuar respetando las normas sanitarias para que entre todos y todas podamos salir adelante, qué duda cabe.

Esa conciencia de la sociedad civil se mide también en sus esfuerzos, pues prácticamente de la noche a la mañana hemos tenido que adaptarnos a una nueva realidad donde la distancia social y el conjunto de medidas de prevención posibiliten la disminución de los contagios de este virus que nos mantiene en vilo. Esfuerzos que están llevando a cabo en muchas ocasiones familias trabajadoras que han visto disminuidos sus ingresos por el bien común. Por eso, y ante todo, vaya desde aquí nuestro reconocimiento para ellas, como también debemos reconocer el incalculable trabajo de los y las profesionales de la sanidad pública, pues se están dejando la piel a diario. Nos consta por nuestra posición en la mediación sociosanitaria a través del trabajo coordinado con ellos y ellas.

Sin embargo, nos topamos con un conjunto de medidas que a todas luces son discriminatorias, e inclusive parecerían carecer de lógica. Hablamos, por ejemplo, a las referidas a la venta ambulante, que de nuevo se queda atrás. En el BOJA de 14 de octubre del presente año, sin ir más lejos, donde aparecen recogidas las nuevas restricciones para evitar la propagación del virus SARS-CoV2 apostando para el comercio en general por una reducción de su aforo al 50 por ciento y con horario de cierre previsto para las 22.00 horas. Por el contrario, los mercadillos ambulantes permanecerán suspendidos sine die. Las noticias más allá del territorio andaluz se gestionan de forma parecida en relación a la suspensión de mercadillos ambulantes en otros territorios de Comunidades Autónomas, siendo ellas quienes gestionan el sistema sanitario actualmente.

Tras los meses del confinamiento la reanudación de la venta ambulante en toda España se dilató en algunos casos con hasta un mes de diferencia con respecto al resto del comercio. Reabrieron centros comerciales y grandes superficies mientras que los mercadillos lo hicieron de manera escalonada y con disminución de sus puestos. Y lo que es peor, sin ningún plan de ayudas para la reactivación de uno de los oficios más antiguos y a la vez con peor imagen social de nuestro país, cuestión que se evidencia en el estudio que desde FAKALI realizamos en 2019. Es por ello por lo que desde nuestra Federación llevamos años trabajando para promover su revitalización, porque es el pan de miles de familias, muchas de ellas gitanas. Pero con el empecinamiento y la dilatación de estas medidas es imposible, pues las abocan a la ruina total sin prever una serie de mejoras que continúan en punto muerto en el mejor de los casos.

Carece por tanto de toda lógica que a miles de familias se les impida ejercer su profesión, mientras que a las grandes superficies se les continúe habilitando medidas restrictivas mucho más laxas en comparación. Por ello nos asalta la duda. ¿Por qué estas medidas discriminatorias con la venta ambulante? La misma la hemos lanzado en todos y cada uno de los encuentros que hemos mantenido con las administraciones públicas, como fue el caso de la reunión con la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía durante el cierre de los mercados llevados a cabo en el confinamiento del mes de marzo. Aluden al movimiento como uno de los problemas reales, sin embargo, éstos no están prohibidos, ni suspendidos. De otra forma el transporte de mercancías, por poner un ejemplo, no podría llevarse a cabo.  

Lanzamos en conjunto con diferentes plataformas de vendedores ambulantes un paquete de medidas para la recuperación de este tipo de comercio, cuya economía ya era de subsistencia y esperamos, por el bien de estas familias, que sean tenidas en cuenta, pues el número de personas gitanas y no gitanas que tienen en el mercadillo su única fuente de ingresos (constituyen los  41.000 puestos de los 848 mercados de toda Andalucía) y que se encuentran en la actualidad en una situación precaria continúa aumentando de manera exponencial. No podemos permitir que el comercio ambulante cargue con la responsabilidad de ser el último en abrir y el único en cerrar. No podemos dejar que esas medidas produzcan el triste epílogo de este tipo de comercio, que en el resto de Europa es incluso un reclamo turístico generador de riqueza.

La situación de estas familias es ya límite. Por eso recurrimos a la comprensión de las autoridades locales, autonómicas y nacionales. Por favor, actúen en consecuencia. No dejen caer a los mercados ambulantes y mucho menos los discriminen de nuevo. No puede ser siempre la venta ambulante el chivo expiatorio que acarrea todas las restricciones. Es compatible cumplir con todos los requisitos sanitarios y ganarse el pan dignamente, pues la persistencia en este asunto nos aboca a aumentar los índices de pobreza en nuestro país, cuyo rostro en no pocos casos es el de una familia vendedora ambulante que ha visto cómo sus ahorros están invertidos en una mercancía que no ha podido ni tan siquiera ponerse en venta ya que las autoridades lo impiden. Apostemos por tanto por un modelo económico donde la discriminación no golpee siempre a los mismos. Es urgente.

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FAKALI SE REÚNE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD ÉTNICO-RACIAL

La delegación de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, con su presidenta Beatriz Carrillo al frente, ha abordado la situación actual del Pueblo Gitano en España y la necesidad de articular un Pacto de Estado contra el Antigitanismo con la directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial del Ministerio de Igualdad, Rita Bosaho, que ha estado acompañada por su mano derecha, Nicolás Magurán.

En el encuentro, celebrado vía telemática, han sido abordadas una serie de cuestiones referentes a la situación general que vive el Pueblo Gitano en nuestro país. Situación profundamente marcada por la crisis tan profunda que sufrimos en estos tiempos. En ese sentido, tanto FAKALI como la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial han coincidido en la necesidad de llevar a cabo un estudio más profundo y exhaustivo de la realidad del Pueblo Gitano, planteando la idoneidad de incentivar la investigación y el estudio de sus necesidades como grupo social víctima de la desigualdad social y del racismo antigitano.

FAKALI ha expuesto en la reunión que para poder llevar a cabo dicho estudio es indispensable garantizar las aportaciones y la participación de la sociedad civil gitana, pues con dichas aportaciones, y de la mano de un planteamiento bien diseñado, este tipo de acciones se convierten en clave de bóveda para poder articular políticas públicas que permitan garantizar el impacto de las mismas con resultados positivos y efectivos sobre la calidad de vida de la población gitana.

Desde FAKALI se ha puesto de manifiesto la preocupación existente por la falta de cumplimiento de los objetivos recogidos por los diferentes planes destinados al Pueblo Gitano, y se ha solicitado a la Dirección General que tome nota de la necesidad de que las instituciones empujen y ayuden a las entidades del Tercer Sector, ya que sin su ayuda difícilmente se podrá avanzar.

Beatriz Carrillo, presidenta de FAKALI y vicepresidenta segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, ha señalado por su parte la importancia de la puesta en marcha de un necesario Pacto de Estado contra el Antigitanismo, una medida fundamental para combatir la lacra del racismo que padece este Pueblo, y que garantizará la protección de los derechos de esta minoría por parte de todos los grupos políticos.

Esta propuesta, sobre la que FAKALI trabaja desde hace años, ha de contar con el apoyo institucional correspondiente, y debe recoger de manera inequívoca un reconocimiento de carácter histórico hacia el Pueblo Gitano, y especialmente a las mujeres gitanas. Este pacto es indispensable para combatir la creciente ola de antigitanismo y el resurgimiento de los discursos populistas y de odio, que se han incrementado en el contexto de la crisis actual hasta alcanzar límites muy preocupantes.

Este encuentro celebrado en la jornada de hoy representa el interés y la motivación de la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-racial por trasladar este proceso de conocimiento al debate social. El Convenio Marco de Protección de Minorías Étnicas estatal, así como las recomendaciones europeas y los acuerdos de la Conferencia de Durban sobre Antirracismo, sostienen también esta línea de trabajo de visibilización del impacto del racismo en determinados grupos vulnerables como el Pueblo Gitano, y que el Gobierno de España quiere asumir ahora, tal como ya se ha producido en otros países.

La directora general, Rita Bosaho, ha hecho alusión a la futura aprobación de la tan esperada Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, y ha mostrado su convencimiento de que será un mecanismo legislativo que servirá de marco para compromisos como el que ha presentado FAKALI, y que está en proceso de mejora y actualización en este momento.

Por su parte, FAKALI, a través de Beatriz Carrillo, se ha puesto a disposición de esta Dirección General mostrando su interés en colaborar para que la perspectiva de género esté presente en la cuestión gitana, y por tanto podamos contribuir a visibilizar y promocionar el papel crucial de las mujeres gitanas en las acciones por la igualdad de trato.

 

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FAKALI PARTICIPA EN UN ENCUENTRO SOBRE DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

En este encuentro, titulado “Mujer y discriminaciones: voces contra la exclusión”, organizado por el Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI, Beatriz Carrillo ha formado parte de la mesa dedicada al rechazo que sufren mujeres por su pertenencia a una determinada condición étnica. En ese sentido, ha destacado que “las mujeres gitanas sufrimos discriminación interseccional: padecemos discriminación de género pero también racismo y exclusión social”.

Para la presidenta de FAKALI, y vicepresidenta segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, las mujeres gitanas sufren discriminaciones que ni siquiera son visibles en la sociedad, y ha apelado a la participación activa de entidades sociales esenciales, como la propia Universidad, para que colabore intensamente en esta lucha: “necesitamos aliados y aliadas en la Universidad, ante la invisibilización y la discriminación que sufrimos las gitanas”.

Carrillo ha puesto en valor el surgimiento de nuevas voces en defensa de las minorías sociales, como ha ocurrido reciente en Estados Unidos con el movimiento `Black Lives Matter`, para señalar a renglón seguido que echa de menos la existencia de una movilización similar en favor del Pueblo Gitano, cuya situación en líneas generales debido a la pandemia que padecemos se ha tornado en insostenible.

A lo largo de su alocución, y en su condición de diputada socialista por la provincia de Sevilla, Beatriz Carrillo ha hecho especial mención a la futura Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, cuya aprobación se espera próximamente, y que será un texto legal absolutamente comprometido con la lucha contra todo tipo de discriminación. Se trata, según la propia ponente, de un antes y un después en esta materia, ya que supondrá el desarrollo del artículo 14 de nuestra Constitución, que establece el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

Del mismo modo, Beatriz Carrillo ha querido hacer hincapié en el reciente anuncio llevado a cabo por el Gobierno, consistente en la creación de una comisión de ámbito estatal, en el seno de la nueva Ley de Memoria Democrática, para tratar de dignificar y recuperar la memoria de las víctimas gitanas que sufrieron discriminación, prisión y muerte por el mero hecho de ser gitanos y gitanas; especialmente las mujeres, que fueron objeto de una fiera persecución por parte del franquismo.