El antigitanismo hace que ningún lugar sea seguro

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Se cumplen 12 años de las matanzas de Utoya y Oslo. En ese 22 de julio de 2011 un neonazi asesinó a 77 personas en ambas localidades noruegas, la mayoría adolescentes, por simple odio político. El Día de las Víctimas de Delitos de Odio se celebra desde entonces cada año. Una jornada para recordar a las víctimas, pero también para reivindicar y reforzar la lucha contra quienes tratan de imponer su propio modelo social basado en el odio y la discriminación.

El odio siempre ha sido un trágico elemento motivador a la hora de cometer los más horrendos crímenes. Sucedió en el pasado, y no tan lejano en el tiempo, en Europa, con el nazismo, y sigue sucediendo hoy, aunque vivamos en un entorno geopolítico en el que la libertad y el respeto a la dignidad y a los derechos de las minorías sociales no deberían ser ni estar cuestionados.

Pero, por desgracia, atravesamos momentos de gran incertidumbre en los últimos años. El resurgimiento de ideologías que creíamos desterradas, y que se aprovechan de los sistemas democráticos para acceder a las instituciones y cercenarlas desde dentro, se ha convertido en un desafío para las personas convencidas de que es posible la convivencia en paz en el seno de sociedades amplias y diversas, en las que todo el mundo tiene cabida, excepto el odio.

El acceso a las instituciones públicas por parte de dichos grupos políticos ha respaldado a quienes se dedican a discriminar y esparcir su racismo. En los inflamados discursos desde los atriles de los parlamentos y de los mítines políticos contra las minorías sociales se reflejan en lo que sucede a pie de calle y en las redes sociales.

Dentro de la escalada del odio, y como paso previo al crimen de odio, radica el discurso del odio. Y es el Pueblo Gitano la minoría étnica más golpeada en ese sentido. Se desdibuja, estereotipa, se deshumaniza y caricaturiza constantemente sin que haya en muchas ocasiones una hoja de ruta para frenar estas vergonzosas escenas amparadas en una teórica libertad de expresión.

Y, por supuesto, para parar esa escalada de odio antigitana, es necesario poner en valor la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, y tejer las alianzas necesarias para su materialización efectiva. Si bien con sólo cuatro partidos de quince incluyendo medidas específicas destinadas a la ciudadanía gitana sólo se consigue borrarla de la sociedad.

Los gitanos y las gitanas seguimos siendo la diana de los intolerantes. El odio secular que sufrimos desde hace siglos se ha recrudecido en los últimos tiempos. Hemos vuelto a ver imágenes que creíamos olvidadas, como los pogromos antigitanos ocurridos hace justo un año en las localidades andaluzas de Peal de Becerro e Íllora, o persecuciones y violencia institucional instadas desde el poder político en países europeos como Grecia y la República Checha. El odio antigitano sigue presente y sigue teniendo consecuencias. Ningún pueblo, ningún país de Europa, ninguna red social: el antigitanismo hace que ningún lugar sea seguro.

La Agencia Europea de Derechos Humanos denuncia, en su reciente informe anual sobre el estado de los derechos fundamentales en Europa, que la población gitana sigue sufriendo insoportables tasas de pobreza infantil (cercana al 80%), más segregación escolar, más discriminación, un racismo “sistemático y endémico”, mientras la mayoría de los estados de la UE no tienen aprobados planes integrales para facilitar la inclusión de los gitanos y las gitanas.

El odio antigitano genera violencia, inseguridad, exclusión, marginalidad y pobreza. Por ello, desde FAKALI, en esta efeméride tan importante, insistimos en la necesidad imperiosa de aunar esfuerzos por parte de todos los poderes públicos, de la mano de la sociedad civil, para combatir con ahínco, fuerza y determinación toda clase de expresión de odio, independientemente de su forma de manifestación, por motivos de pertenencia étnica, diversidad funcional, orientación afectivo-sexual, nacionalidad, género o religión.

Creemos firmemente que la defensa de las libertades, de la igualdad y, en definitiva, de nuestro sistema democrático, nos implica a todos y a todas. Tenemos que ser contundentes a la hora de denunciar a quienes cometen y promueven la realización de hechos discriminatorios basados en el odio a quien es diferente.

En ese sentido, desde nuestra entidad instamos a los líderes políticos y sociales a tomar medidas firmes para prevenir y combatir los delitos de odio, implementando políticas y leyes adecuadas para:

  1. Sensibilizar y promover la igualdad y el respeto hacia todas las personas, sin importar su origen étnico, religión, orientación sexual o cualquier otra característica que las haga únicas.
  2. Denunciar y condenar enérgicamente los actos de odio y violencia que afectan a individuos y comunidades enteras, especialmente a la población gitana, y también a quienes desde su ideología los alientan.
  3. Exigir justicia para las víctimas de delitos de odio, afianzando un sistema legal efectivo que castigue a los responsables, combata la infradenuncia, y proteja a las personas que han sido víctimas de delitos de odio, incluyendo el acceso a servicios legales, atención médica y psicológica.
  4. Abogar por una educación inclusiva que fomente la empatía, la tolerancia y el entendimiento mutuo desde temprana edad.
  5. Trabajar para crear espacios seguros donde las víctimas de delitos de odio puedan buscar apoyo, solidaridad y recuperación.
  6. Compromiso de difundir conciencia sobre los delitos de odio y a promover la diversidad como un valor fundamental en nuestra sociedad.

Asimismo, desde FAKALI defendemos la implementación de programas de capacitación y sensibilización para el funcionariado público, con el fin de mejorar su capacidad para detectar y responder a los delitos de odio; la inclusión de contenidos relacionados con los mismos en los planes educativos, desde la educación básica hasta la Universidad, con el fin de fomentar una cultura de respeto y tolerancia, y la participación activa de los grupos sociales afectados por los delitos de odio en el diseño e implementación de políticas públicas para combatir estos hechos.

Entre todos y todas, colaborando de manera generosa, podemos forjar un presente y un futuro en el que podamos convivir pacíficamente en el seno de una sociedad más justa, solidaria e igualitaria, en la que las diferencias que tenemos como seres humanos sirvan para enriquecernos y no para separarnos.